La acusación sostiene que Dominguez Solano y Paredes Elizondo utilizaron usuarios de Internet banking asignados al viceministerio administrativo y financiero del Ministerio de Agricultura para transferir dinero de manera ilegal a sus cuentas personales.
El caso fue investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), después de que recibieran una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que fue presentada por el propio Ministerio de Agricultura.
El Ministerio Público ha negado que el caso esté influenciado por intereses políticos y asegura que existen pruebas que vinculan a los detenidos con el delito y su responsabilidad penal.