En Honduras, crece la sospecha de un boicot de las fuerzas de seguridad que permitieron una masacre en una cárcel femenina y resultó en el retorno de los militares al frente de la seguridad pública. Este cambio tuvo lugar durante el mandato del ex presidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente está encarcelado en los Estados Unidos a la espera de un juicio por narcotráfico. La presidenta actual, Xiomara Castro, respondió a la masacre destituyendo a su ministro de seguridad, reorganizando la cúpula de la fuerza pública, disolviendo una comisión especial para sanear las prisiones y devolviendo el control total a los militares.
El ataque en la cárcel de Támara fue reportado inicialmente como una operación planeada por miembros de la pandilla Barrio 18 contra internas de la MS13, una pandilla rival. La periodista Wendy Funes ha planteado la hipótesis de que la masacre puede ser producto de un boicot de un sector del ejército para retomar el control de la seguridad.
La presidente Castro nombró a Ramón Sabillón, el general que reveló los vínculos entre Hernández y el narcotráfico, como responsable de la seguridad pública al asumir el cargo en 2022. Sin embargo, después de la masacre, Castro lo destituyó y puso a militares con vínculos al antiguo régimen de Hernández en su lugar.
Los esfuerzos para desmantelar las mafias que controlan las cárceles habrían provocado una reacción que resultó en la masacre, según un informe de inteligencia policial. En abril, Castro creó una comisión interventora para las cárceles y nombró a Julissa Villanueva, exjefa nacional del servicio forense, como responsable. Villanueva intentó desarmar a las mafias y confiscar sus arsenales en las prisiones. Sin embargo, estos esfuerzos parecen haber sido boicoteados por algunos miembros de la policía, lo que llevó a la masacre.