El abogado de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Carlos Manuel Maros, presentó una instancia en la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), en la que solicita que se cite e interrogue al expresidente de la República, Danilo Medina, y a un grupo de sus exfuncionarios por supuestamente malversar recursos destinados a la renovación de la flotilla vehicular del transporte de pasajeros y de cargas. Maros también pidió que se investigue el rol de la Superintendencia de Bancos en el presunto desfalco.
Los exfuncionarios demandados y que según la solicitud hecha al PEPCA por la barra de defensa de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), encabezada por los Licdos Carlos Manuel Mesa y Fredermido Ferreras Díaz, serán citados e interrogados junto al ex presidente Danilo Medina son los ex ministros de la Presidencia, de Hacienda y el exadministrativo de la Presidencia, Gustavo Montalvo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, así como el ex administrador del Banreservas, Simón Lizardo.
El líder de la (Fenattransc), Mario Díaz, explicó que los fondos establecidos en el artículo 20 de la Ley 253-12 que establece un impuesto de dos pesos a la gasolina y el gasoil premium, disposición que destina un 75% para el mantenimiento de la red vial y un 25% para la renovación del parque vehicular obsoleto del transporte público de pasajeros y de carga de nuestro país, al parecer fueron dilapidados para beneficio de estos ex funcionarios y del ex presidente de la República.
Al ser entrevistado en un programa de televisión, Mario Díaz recordó, que en el año 2016, con cuatro años de recaudaciones por esa ley, los transportistas dominicanos solicitaron atreves de la FENATTRANSC a Gustavo Montalvo, la información sobre esos recursos, sin obtener respuestas, por lo que acudieron al Tribunal Superior Administrativo, donde, “al parecer por error”, los abogados de esos exfuncionarios depositaron un documento que evidencia que Gustavo Montalvo le solicito al ex Ministro de Hacienda que transfiriera esos recursos a la cuenta del Ministerio Administrativo de la Presidencia, para que el entonces presidente de la republica Danilo Medina pudiera utilizarlos a su entera discreción.
“La ley 253-12 establece en su artículo 20 párrafo tres, que esos recursos deben ser utilizados únicamente y exclusivamente para la renovación de la flota vehicular del transporte público de pasajeros y de cargas de nuestro país, o sea, que esos recursos no podían ser solicitados para que el expresidente Danilo Medina los destinara a otros capítulos aún hayan sido establecidas en el presupuesto nacional y mucho menos en asuntos políticos de su partido y de sus candidatos, como presumimos que fueron utilizados esos recursos”, explicó el transportista.
El caso llegó al Tribunal Constitucional, el cual, en diciembre del 2018, ordenó que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) pusiera en ejecución el plan de renovación vehicular, sentencia que fue desacatada por el entonces Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y por órdenes del entonces Presidente de la Republica Danilo Medina Sánchez.
“Cuando viene el cambio de Gobierno y asume Luis Abinader, resulta que no hay un centavo en ninguna cuenta del gobierno y es cuando decidimos interponer una querella ante la PEPCA, el 23 de mayo del 2021, la cual no prosperó, nos quedamos esperando a que nos citaran y previo al conocimiento del caso Calamar fue cuando decidimos reintroducirla y la magistrada Yeni Berenice ordenó que se realizara una investigación al respecto”, informó Díaz.
Es así que esta querella se suma a la investigación que se les sigue a 20 exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, que fueron apresados mediante la Operación Calamar y que ahora sin dudas algunas involucrará al mismo expresidente de la República y a otros ex funcionarios de su gobierno que aún no han sido mencionados pero que estamos seguros de que irán a juicio junto al ex mandatario de la nación por el alto grado de corrupción con que manejaron los recursos del estado dominicano puestos a su cargo en la administración a la que pertenecieron.