En el caso Calamar, el abogado Ángel Lockward admitió en una audiencia algunas de las imputaciones en su contra y se ofreció a colaborar con el Ministerio Público en la investigación en curso.
La petición inicial del Ministerio Público para Lockward era de prisión preventiva, pero después de su declaración, se cambió a arresto domiciliario y restricción de viajar al extranjero.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público señaló que el abogado había realizado acciones para ejecutar procesos ilegales de pagos por expropiaciones de terrenos.
Dijo que se realizaron “procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano” y así beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los años 2019 y 2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana.