Hace dos décadas, en la administración del expresidente Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del periodo 1996-2000, comenzaron a desfilar ante las autoridades judiciales por el caso del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME).
Varios fueron detenidos, acusados de estafar al Estado con RD$1,427 millones.
Bajo esos cargos fueron apresados y sometidos a la justicia el entonces director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (Opret), Diandino Peña; Luis Inchausti, director del PEME; el exsuperintendente de Valores, Haivanjoe Ng Cortiñas, y Simón Lizardo, exContralor General de la República, quien también había sido Secretario Administrativo de la Presidencia entre 1998 y 2000.
El programa PEME fue una iniciativa del entonces presidente y líder del PLD, Leonel Fernández, que buscaba “garantizar la paz pública entregando empleos y ayuda económica a jóvenes que participaban de protestas producidas por movimientos sociales”.
El programa tenía dos nóminas, una llamada Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), y otra Programa de Acción Barrial (Prodaba).
Según señalan varios diarios en ese momento, Fernández “había llegado a la conclusión” de que esos apresamientos se hacían con el fin de “desacreditarlo” y que el punto central de la investigación iba a ser él.
Leonel en Procuraduría
Una reseña de la edición impresa del periódico “El Siglo” del 25 de noviembre del año 2000, cita un documento donde el exmandatario tenía la intención de entregarle una comunicación al entonces procurador Virgilio Bello Rosa que establecía: “Desde que el PRD llegó al poder el 16 de agosto de este año (2000), ha habido un acoso sistemático contra funcionarios del pasado gobierno, algunos de los cuales son altos dirigentes del PLD”.
Justo el día antes, Fernández asistiría a la explanada de la sede del Ministerio Público junto a miembros del comité político del partido morado con la intención de “concesionarse en prisión”, lo cual generó un enfrentamiento con unidades de la Policía Nacional, que repelieron a cientos de peledeístas mediante bombas lacrimógenas y macanazos, al tiempo que impidieron la entrada del exmandatario a la Procuraduría.
El vespertino Última Hora indicó que Fernández solicitó su orden de arresto al procurador, ya que “él fue el responsable del PEME y debía de estar arrestado junto a sus compañeros”, a lo que Bello Rosa respondería que “bajo ningún concepto dictaría esa orden”.
El expresidente sí sería interrogado el 25 de enero del 2001 por las autoridades; el mismo duró más de cinco horas y a la salida Fernández explicó que se sentía con “mucha firmeza” y definió el trato recibido como “cordial y afable”, de acuerdo a lo que reflejaba una publicación de este diario al día siguiente.
A pesar de que el caso seguiría en los tribunales hasta mediados de noviembre del 2007, todos los imputados fueron dejados en libertad bajo una fianza de RD$15 millones, el 15 de marzo de 2002. Aunque Fernández y varios de sus seguidores se marcharían del PLD en noviembre del 2019, tras las primarias internas de octubre de ese año, muchos de los dirigentes morados de ese entonces que alegaron la trama de una persecución política del partido morado aún se mantienen en las filas peledeístas, utilizando la misma defensa ante las acusaciones hacia el gobierno de Medina.
Desde finales del 2020 y durante el transcurso de este año, el Ministerio Público ha llevado tras las rejas a múltiples funcionarios de la última administración del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual fue encabezado por Danilo Medina, a ser encarcelados tras ser acusados de lavados de activos y desfalco al Estado.
Piden a Danilo hacer lo mismo
Ante la realidad que presenta el PLD y las acusaciones directas al expresidente Danilo Medina, varios políticos y comunicadores le han pedido al exmandatario presentarse ante la Procuraduría General de la República de manera voluntaria.
Más de un 30 exfuncionarios de Danilo Medina han sido sometido a la justicia por supuestos actos de corrupción.